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Hurtos de cobre infligen daños a telecomunicaciones



Bandas que escapan a persecuciones violan propiedades en busca de los cables, combustibles y costosas baterías en que se apoya la interconexión electrónica del país Bandas que escapan a persecuciones violan propiedades en busca de los cables, combustibles y costosas baterías en que se apoya la interconexión electrónica del país Bajo la poderosa atracción para el delito que ejercen los alambres de cobre sigue creciendo en este año el pillaje sobre los sistemas de telecomunicaciones que alimenta un lucrativo negocio de exportación de metales que burla controles aduanales pactados con autoridades, una ola delictiva a la que se suman constantes sustracciones de combustibles y baterías, imprescindibles para operar las torres de retransmisión que interconectan al país. No se trata, exclusivamente, de perjuicios económicos serios para las compañías concesionarias, obligadas a cíclicas inversiones adicionales para conjurar deterioros mientras no se esté logrando poner a raya a ladrones que operan a nivel nacional. Existe además gran preocupación por el crecimiento de los hurtos en los últimos meses, que disminuyen recurrentemente la capacidad operativa de las empresas del ramo a las que por ley los gobiernos exigen dar continuidad y calidad al servicio que prestan a los ciudadanos. La Asociación de Empresas de Comunicación y tecnología, COMTEC, ha advertido que las interrupciones derivadas de súbitas desapariciones de componentes con daños colaterales a las redes como un todo, ponen en riesgo la seguridad de las personas en sus viviendas, empresas y negocios así como a otras entidades proveedoras de servicios esenciales como las del área energética que iluminan el territorio nacional. Cierto es, como sostienen los concesionarios, que el flagelo de delitos contra sus instalaciones ocurren en un contexto social y económico creado por la pandemia de la Covid-19 que compromete más a garantizar sin interrupciones las telecomunicaciones para sustentar todas las actividades que se desarrollan en forma remota como educación, teletrabajo, salud y seguridad. TRÁFICO IMPUNE Mezclados con chatarras de verdad, se van camuflados al exterior enmarañados segmentos de tendidos metálicos malversados a la infraestructura de comunicaciones y de primer orden para desenvolvimientos de la vida productiva y social de la República. Una contabilidad de absoluto crédito da cuenta de que la mayoría de los robos son orquestados de forma masiva por bandas organizadas, afectando a gran cantidad de usuarios por tiempo prolongado, privándolos de telefonía, internet y sistemas de seguridad ya que afectan el funcionamiento de los dispositivos de vigilancia y alarmas con perjuicios generalizados para la población. El botín en cables del que se adueñan ladrones y ladronzuelos va a parar, como si fuera una mercancía de correcta procedencia, a unos centros de acopio que actúan libremente, que los compran a precios muy bajos y luego los revenden a exportadores legalmente constituidos que operan hasta en zonas francas desde las que exportan el material de procedencia ilegal al precio del mercado estando el cobre muy bien cotizado. La delincuencia de este ámbito adquiere un ropaje de «formalidad y respeto» a las leyes, trucaje contra el que no han funcionado las acciones policiales, judiciales ni aduanales, pues ningún producto de robo debería salir tan fácilmente del país por las vías convencionales como si se tratara de azúcar, café o cacao. Aunque el decreto 334-07 y la Ley 110-13 se consideran vigentes y dictados para frenar los embarques de desperdicios de metales y desechos que oculten material enajenado y fundamental para mantener comunicado al país, los robos de cables de cobre se mantienen a niveles preocupantes. Para los afectados, esto plantea la urgencia de revisar la correcta aplicación del marco legal establecido para librar el desarrollo de las telecomunicaciones de constantes daños procediendo a bloquear contenidos ilícitos en las cargas portuarias. La falta de control sobre exportaciones se traduce en graves perjuicios a actividades empresariales que no pueden prescindir de la conectividad en pleno siglo 21, lo que además va en contra del bienestar general de los dominicanos. Las autoridades y la opinión pública han sido advertidas desde el sector de las telecomunicaciones, que incluye múltiples entidades de inversión, de la necesidad de planificar acciones para desmantelar bandas y desincentivar los robos existiendo organismos con facultad para intervenir, como son Indotel, la Policía Nacional y la Procuraduría Fiscal. DELITOS A PLENA LUZ Los violadores que con nocturnidad saquean depósitos de combustible a todo lo ancho del país poblado de estaciones repetidoras de señales eléctricas, montan en carreteras, en abierto desafío a las autoridades, puestos de venta del diesel robado para compradores itinerantes sin que ninguna autoridad reaccione en busca de la procedencia del fluido ni impida una comercialización ilegal y de alto riesgo. Para tener una idea de la envergadura que con inmunidad alcanzan los robos de carburantes en perjuicio de las comunicaciones electrónicas de la República, basta con decir que la iniciativa privada ha comprobado que existe una flota de camiones-tanque de 1,500 galones que hacen rutas de distribución por diferentes zonas del territorio nacional con su dolosa mercancía líquida. En cuanto al robo de baterías en perjuicio del sistema de energía de emergencia de las antenas repetidoras de señales, se trata de violaciones a la propiedad que se registran a nivel nacional, mayormente en la zona fronteriza y en la metro, en pleno corazón de Santo Domingo. Constituyen grupos organizados sofisticados que tras violentar verjas, aplican conocimientos técnicos para poder abrir las cabinas y hacer el desmonte de los acumuladores de especiales características y elevados costos. Cuentan con vehículos de motor y programan rutas para cometer sus fechorías y en un día pueden cometer dos y tres sustracciones en diferentes comunidades. Se destacan como compradores de lo robado, pequeños comerciantes, salones de belleza y dueños de equipos de música móviles conocidos como «discolights» ¿QUE HACE LA JUSTICIA? Los procesos legales que emprenden los concesionarios de telecomunicaciones solo han tenido éxito en casos de relevancia e impacto en la opinión pública sin que fructifiquen en el montón enorme de casos menores que erosionan una estructura de la que dependen diferentes actividades de la sociedad. Además, las firmas afectadas consideran que perseguir judicialmente a los ladrones de combustibles y batería resulta extenuante y complejo. «Prácticamente se necesita sorprender a los involucrados in fraganti para poder garantizar una condena. Eso, sin considerar la cantidad de casos que las empresas tienen que enfrentar en el día a día de sus operaciones que desbordan su capacidad de acción». Cuentan que en muchos casos en los que las compañías telefónicas han interpuesto las denuncias correspondientes por demarcación, se imponen a los imputados medidas de coerción consistentes en presentación de garantías económicas que facilitan la puesta en libertad de los implicados, lo que aprovechan para sustraerse del proceso legal y luego resulta muy difícil reubicarlos para obtener condena. ANTES HUBO CONTROL En marzo del 2010, la Dirección General de Aduanas se propuso poner freno a la proliferación de robos de cables de cobre suspendiendo mediante resolución 2-10 todas las exportaciones del metal hasta que se cumpliera con las formalidad y disposiciones del decreto 334-07 dictado para desincentivar los saqueos sometiendo a revisión los cargamentos de exportación de desperdicios de metales y chatarras. Aunque las consecuencias inmediatas de tales controles fueron la reducción de los hurtos, al 2021 las sustracciones del metal se encuentran en niveles preocupantes, lo que obligaría a revisar el marco legal que estaría aplicándose. Debido a la similitud en apariencia entre cables de cobre y los de fibra óptica, los furtivos buscadores del demandado mineral producen cortes de líneas en forma indiscriminada, una destrucción que puede dejar sin servicio a comunidades enteras. Para otras áreas de servicios esenciales, el cobre, como componente de sistemas, también es importante por estar entre los mejores conductor es de la electricidad, lo que significa que la delincuencia que gira en torno a este material causa daños a la transmisión de energía y ha barrido con los alambres de este origen que en muchas urbanizaciones fueron puestos para conectar los medidores con el suelo para proteger hogares y negocios de los altos voltajes que pueden costar vidas. La ratería además ha borrado de muros y monumentos placas y leyendas confeccionadas con el metal de brillo cobrizo, que debía inspirar respeto. Entre los saqueadores figuran consumidores de drogas que actúan durante las madrugadas, siendo la adicción a sustancias prohibidas causante de un daño más a la sociedad provocando inestabilidad e interrupciones en servicios vitales. AUMENTANDO COSTOS Van en alza con el tiempo los capítulos de gastos de los concesionarios para la reposición de equipos tomados por vándalos y uno de ellos incurrió en el periodo enero-julio de este año en una inversión de RD$38,430,352.77 con un incremento de 48% sobre lo ocurrido en 2020 cuando debió dedicar al mismo fin y en el mismo lapso RD$26,053,243.47. Los robos y daños registrados a esa misma empresa pasaron de 1,806 casos en el año 2020, a 2,176 casos en el 2021, lo que indica que el 20% de sus activos a nivel nacional fueron afectados por la rampante delincuencia. Otra prestadora de servicios de comunicaciones ha perdido en este año RD$4.700.000 como resultado del incremento de los robos de cableado de cobre a nivel nacional y aunque al mismo tiempo se produjo una disminución de los robos de baterías y combustibles, ha ocurrido un incremento de un 400% en la sustracción de cobre de su red fija. No figuran en este balance las inversiones en seguridad para contener las agresiones a la propiedad privada, procesos legales y pérdidas de ingreso por las afectaciones al servicio que resultan de interrumpir operaciones informadas como averías rutinarias


NELSON MARRERO

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